RADIOGRAFÍA DEL DELITO: PIERDE LA SOCIEDAD

SEGURIDAD Y DEFENSA
Carlos Ramírez

RADIOGRAFÍA DEL DELITO: PIERDE LA SOCIEDAD

El INEGI realiza encuestas anuales con cierto retraso, pero por razones de acopio de información solvente. En septiembre de este año sacó su evaluación de percepción y delitos de 2018. Los datos revelan una radiografía del delito con validez en 2019 porque poco ha variado para mejor y un poco más para peor.

Los datos más importantes son los siguientes:
–Un tercio de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima del delito.
— A nivel nacional se estiman 24.7 millones de víctimas de 18 años o más.
–Cuando menos nueve entidades de la república tuvieron más de 30 mil víctimas de delitos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
–Los más altos con más de 40 mil delitos fueron Ciudad de México y Estado de México.
–Por tipo delito se trata de fuero común o al menudeo: 28.5% robo en calle o transporte público, 17.3% por extorsiones, 14.3% por fraude, 11.5% de robos de vehículos y sólo 6.9% de robos a casas.
–Las principales áreas metropolitanas con mayores delitos son: Valle de México, Puebla, Villahermosa, León y Toluca.
–Los afectados por la inseguridad tuvieron que hacer gastos en seguridad por 286 mil millones de pesos, a una media de 6 mil 468 pesos por persona.
–La cifra negra o delitos no denunciados es alta: en 2018 apenas se denunció el 10.6% de los delitos. Y de ellos, sólo el 63.9% condujo a carpeta de investigación o averiguación previa.
–La tasa de continuidad en las investigaciones es baja: sólo el 48.9% de los casos logró indagatorias consistentes; en el 51.1% no pasó nada o no se continuó la investigación.
–El 63.2% de razones para no denunciar se atribuyen a las autoridades, con argumentos que van desde la pérdida de tiempo por indagatorias que no conducen a resultados (31.7%), desconfianza en la autoridad (17.4%), trámites largos y difíciles (8.9%), actitud hostil de la autoridad (4.3%) y miedo a la extorsión de la autoridad (0.8%).
–Debido al tipo de delito y de la voluntad de la autoridad, el 44.3% de las víctimas dedicó hasta dos horas en realizar denuncia y el 33.3% invirtió más de 4 horas. Los tiempos indican el grado de burocracia judicial, falta de capacitación y escaso personal.
–Dos terceras partes de los encuestados señaló que la inseguridad es el problema número uno, dejando el desempleo en un tercio. Sólo Chiapas uso la pobreza como prioridad uno.
–Y finalmente, el Ejército y la Marina mantienen el nivel de confianza en promedio de 90%, en tanto que el policía de tránsito, el de las mordidas como corrupción, está su confianza en el sótano con 43%. A nivel de percepción de corrupción, Ejército y Marina están en promedio en 20% de sospechas, en tanto que policía federal, fiscalías, policías ministeriales, ministerios públicos, policías locales y jueces tienen un promedio de sospecha de corrupción de 60% y los policías de tránsito son los más corruptos con 75% de índice.

LEY DE LA OMERTÁ
Ahora que han aumentado los ajusticiamientos populares de delincuentes hay que recordar algunos casos. El escritor Edmundo Valadés publicó en 1955 el cuento La muerte tiene permiso, basado en un caso real. La historia se resume así: en una reunión con funcionarios agrarios en un pueblo, un grupo de campesinos sorprendieron con la solicitud de permiso para matar a un cacique que los estaba explotando con abusos de fuerza y que se ostentaba como presidente municipal de su pueblo.

El debate en la sala de sesiones fue intenso, los enviados de la capital de la república no podían salir de su asombro. Con precisión, las autoridades municipales contaron todos los delitos y en cada uno reiteraban su solicitud para ponerle fin a sus problemas con la muerte del cacique. Finalmente, sin tener salidas, los funcionaros federales tuvieron que otorgar el permiso.

Con parsimonia, el portavoz del pueblo agradeció la decisión de los enviados del centro y dijo que el cacique “desde ayer era difunto”.

La historia, después, fue documentada por la propia revista El Cuento que había fundado y dirigido Valadés y que había ocurrido en algún municipio abandonado de Oaxaca. Muchos alcaldes en los años sesenta hicieron caso a aquella sentencia del presidente López Mateos de que los caciques existen hasta que los pueblos quieren.

Los casos de alcaldes o caciques y ahora delincuentes linchados hablan de la decisión de los pueblos de hacer justicia por propia mano, toda vez que en el interior de la república no existen funcionarios de justicia que sirvan a los pueblos, sino que están a las órdenes de los caciques y ricos. Los linchamientos no suelen respetar los procesos judiciales y ha habido casos en que se matan a inocentes.

A finales de noviembre del 2004 en la delegación Tláhuac fueron linchados tres policías que estaban investigando el narcomenudeo. Una de las mujeres señaladas como vendedora de droga azuzó a la población, dijeron que los policías eran secuestradores y los quemaron vivos.

En el cuento de Valadés se juntó la realidad con la ficción.

ZONA ZERO
–Nueve meses después de haberse declarado culpable de traficar droga cuando era fiscal de Nayarit, Edgar Veytia fue sentenciado a 20 años de prisión en una Corte californiana. Veytia fue arrestado en San Diego cuando era funcionario de justicia en su estado y persona de confianza del gobernador Roberto Sandoval Castañeda. El gobierno mexicano se hizo a un lado en el caso.

–Preocupación en sectores sociales por la relación entre crisis económica y aumento de la inseguridad. El PIB de 2019 sigue cayendo y ahora las expectativas son de 0.4%, con el escenario de que podría terminar en 0.0%, con dificultades para levantarse a 2% para 2020. Y a menos PIB menos empleo y más delincuencia.

–Sonora, Guanajuato y Michoacán en alerta roja por la inseguridad. Los cárteles estarán luchando por controles de esas plazas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.