OTRO GOLPE MÁS A LA EDUCACIÓN POPULAR POR PARTE DE LA 4T

Héctor Hugo Villegas Severiano

En una colaboración anterior señalé que, desde hace 17 años, la Casa del Estudiante Nayarita “Amado Nervo” se fundó con la finalidad de otorgar a los jóvenes de escasos recursos económicos la posibilidad de que puedan continuar sus estudios a nivel medio superior y superior en la capital del estado. En ella, además del hospedaje y la alimentación en instalaciones dignas y confortables, se imparten actividades artísticas y culturales que les permiten tener una educación más integral para forjarse como hombres y mujeres más sensibles, solidarios, fraternos y menos indiferentes a la miseria terrible en la que se encuentra la mayoría de las comunidades de la entidad y del país.

Son decenas de jóvenes los que durante estos años han podido terminar sus estudios gracias al apoyo que les brinda el albergue estudiantil y, por tanto, ahora cuentan con las herramientas básicas del conocimiento para hacer frente a la dura realidad a la que se enfrentan al integrarse al mundo laboral. Durante todo este tiempo ha sido dura la lucha que se ha tenido que dar ante los diferentes niveles de gobierno, para otorgarles a los moradores mejores condiciones durante su estancia en las instalaciones y podemos señalar que al día de hoy se puede considerar a la Casa del Estudiante como la mejor equipada de toda la entidad.

Como parte de los logros obtenidos, consiguieron hace dos años que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se comprometiera a entregar mensualmente una beca alimenticia, que sin duda les permitía tener una alimentación más completa, que contribuía a su desarrollo físico y mental. Dicho apoyo se entregaba después de cubrir una lista interminable de requisitos y era la propia dependencia quien se encargaba de acordar y pagar a la comercializadora la entrega física de los víveres. Pero hace unos días, los estudiantes recibieron un oficio firmado por el Ingeniero Efraín Moreno Hernández, director del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, donde se les notifica que a partir de este año ya no se les hará entrega de dicho apoyo, lo que sin duda es un atentado que comete el gobierno federal en contra de la educación popular.

Los moradores intentaron en reiteradas ocasiones entrevistarse de manera personal con el señor Maximino González, titular estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (nombre que ahora ostenta la dependencia), para explicarle que se comete una grave injusticia ante tal medida, pero solo lograron hacerlo vía telefónica y sin ningún resultado; el funcionario reiteró una vez más que es una decisión del gobierno de la “Cuarta Transformación”, sin interesarle y menos preocuparle que dicha medida sea contraria a lo que tanto ha pregonado el gobierno federal y el presidente López Obrador: que ahora serán “primero los pobres”, lo que demuestra una vez más que una cosa es lo que se dice y otra completamente diferente la que se hace. Para comprobarlo basta recordar algunas otras medidas contrarias al bienestar de los mexicanos, como la cancelación de las estancias infantiles, del programa Progresa y los comedores comunitarios, recortes que afectan sobre todo a las familias más humildes del país.
Como era de esperarse, los muchachos están inconformes con tal medida y darán la lucha para que se les regrese su despensa alimenticia, acción en la que además del respaldo de sus padres de familia, cuentan con el apoyo de miles de estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”, organización a la que están afiliados los moradores, y también serán apoyados por miles de colonos y campesinos del Movimiento Antorchista en Nayarit, que sin ninguna duda se sumarán a su lucha y saldrán a las calles a protestar contra esta política antipopular.

La agresiva medida de quitar el apoyo a un albergue para estudiantes pobres atenta no solo contra sus posibilidades de estudiar, sino contra el derecho que tenemos todos los mexicanos a organizarnos para gestionar obras, servicios y apoyos diversos ante los diferentes niveles de gobierno para mejorar nuestras condiciones de vida, en este caso para mejorar sus condiciones de estudio, con lo que se demuestra una vez más que la política del gobierno de López Obrador está encaminada a desaparecer a las organizaciones, culpándolas de intermediarias y corruptas.

Pero tales acusaciones, de las que el Presidente y sus voceros no dan ninguna prueba, son simplemente una cortina de humo para negar la solución y atención de las demandas más sentidas del pueblo trabajador. Pero un pueblo organizado y educado no se confundirá con estos “cantos de sirena”; esos atentados del gobierno de Morena contra el bienestar y el derecho a organizarse, le servirán a ese pueblo para luchar con más firmeza y convicción por acrecentar la verdadera organización de los pobres de México, que vendrá ahora sí a construir una sociedad más justa para todos. Al tiempo.