Periodico Express de Nayarit
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Comisión Nacional Anticorrupción: prioridad del gobierno

Julián Santos Torroella

2013 / 09 / 10

Es propósito del Gobierno federal  que los actos de gobierno queden en casa de cristal, a la vista de todos y sin visos de omisión, abuso o corrupción alguna. Los expertos en la materia afirman que la integridad del gobernante se mide por su conducta, no por sus profesiones y que, si un gobierno no pelea para acabar con la corrupción y la podredumbre, pronto acabará formando parte de ellas.

Como una Reforma de gran calado, desde su campaña política el presidente Enrique Peña Nieto impulsa la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), de oposición, apoyan la propuesta presidencial, que implica cambios a la Constitución.

La estructura económica que mantuvo México hasta ahora no ha sido suficiente para alcanzar su potencial de desarrollo,  y la transformación que impulsa el Gobierno de la República prioritariamente pasa por el combate a la corrupción, incorporando a grupos de la sociedad civil en la discusión de una agenda de profundas reformas estructurales en diversos ámbitos.

El tema se ha retomado después de varias décadas de no tratarlo, con la intención de generar una renovación de la sociedad, una verdadera política anticorrupción, a través de esquemas claros y transparentes que eviten que los poderes fácticos continúen frenando el desarrollo del país.

Hasta ahora ha sido destacable la labor del Gobierno de la República de intentar encontrar un equilibrio en el debate público para superar resistencias y mantener políticas públicas efectivas, transformando el sistema, con marcos normativos que son de vanguardia.

El trabajo continúa materializándose, alcanzando consensos y coincidencias en sus propuestas para la creación de dicha Comisión, abordándose el tema de la corrupción desde el inicio con la desaparición de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, esta última cuando se apruebe la Comisión Nacional Anticorrupción.

La iniciativa para crear un nuevo órgano de combate a la corrupción ha causado polémica entre los principales partidos políticos desde que llegó al Congreso, a finales de 2012.

Entonces, panistas y perredistas se manifestaron de acuerdo en fundar esa nueva institución, como propusieron el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, pero presentaron sus propias propuestas para modificar el documento original.

Plantearon, entre otros temas, que sea el Congreso y no el gobierno el que elija a los integrantes de la Comisión, a la que se busca dar autonomía constitucional y facultades para investigar casos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal para perseguir los delitos de corrupción de funcionarios públicos más allá de dar únicamente aviso al Ministerio Público, además de la posibilidad de crearse órganos autónomos en los 31 estados del país y el Distrito Federal y una Ley General en materia de Prevención y Combate a la Corrupción.

Que tenga, además, la capacidad para iniciar procedimientos administrativos y penales ante tribunales especializados, para prevenir los actos de corrupción. Del mismo modo, establecer los estándares mínimos que deberían observar las leyes estatales y el Distrito Federal, en consonancia con la Ley Federal correspondiente, con objeto de crear un efectivo sistema nacional anticorrupción.

Para formar la Comisión Nacional Anticorrupción se mencionan a una docena de prospectos con méritos suficientes, entre los que destacan: Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana; Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario titular rncargado de la Secretaría de la Función Pública; Denise Maerker Salmón, periodista; Raúl Sánchez Kobashi, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública; Héctor Samuel Torres Ulloa, catedrático e investigador del postgrado de la UNAM y contralor general del TSJDF; y Ramón Montaño Cuadra, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.