DIMES Y DIRETES

Rafael Morales D.

  • CASO INFONAVIT

Entre dimes y diretes continúan las investigaciones del supuesto fraude del Infonavit por el presunto despojo de 60 mil viviendas en todo el país, mediante juicios que derivan del programa de recuperación de viviendas Deshabitadas, Abandonadas, Violentadas e Invadidas (DAVI) impulsado por este instituto, en el que presuntamente están involucrados jueces y magistrados del Poder Judicial de Nayarit, lo que el 14 de enero pasado motivó la publicación en diferentes medios de comunicación y en redes sociales de una carta abierta dirigida al Presidente de México, firmada por el Despacho Molrod, en la que denuncia a las autoridades de procuración de justicia del estado de montar un linchamiento mediático, violentando el principio de presunción de inocencia en agravio de los presuntos implicados, así como de carecer de competencia legal y de actuar al margen de la Ley al detener, asegurar y prejuzgar a los “supuestos” involucrados, 4 empleados del despacho citado y la colaboradora del notario Antonio Herrera López, quienes por un lapso de 48 horas estuvieron detenidos luego del cateo y aseguramiento de los inmuebles, acciones que carecían de sustento legal al no existir denuncia penal de por medio.

Posteriormente, el pasado 24 de enero la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre la detención de un abogado de un despacho externo, apoderado legal del Infonavit, y de dos empleados del Poder Judicial por los delitos de fraude procesal, tráfico de influencias, delito cometido por servidores públicos, cohecho, abuso de autoridad, en agravio de la sociedad y de los trabajadores con un crédito hipotecario en el Instituto.
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A raíz de lo anterior, el 25 de enero el Despacho Molrod publicó en medios de comunicación locales y en redes sociales una réplica en la que señala que las acciones de la FGE son el resultado de la falta de pruebas idóneas y fehacientes en contra de los supuestos imputados, y al no existir medio probatorio en su contra que los inculpe como parte activa de los delitos imputados, se violan sus derechos humanos a la legalidad y a la legítima defensa, así como a la libertad, la cual ha sido solicitada por los medios legales y se les ha negado arbitraria e ilegalmente, imponiendo fianzas millonarias a sabiendas que no existe una sola querella de afectados reales.

Finalmente, el día de ayer en conferencia de prensa, la abogada Eritme Villegas, vocera del Despacho Molrod, uno de los que ha contratado el Infonavit para la recuperación de su cartera vencida, sostuvo que es inexistente el fraude que la FGE le achaca a la institución, pues no hay ningún delito de tipo penal y de ello da cuenta la falta de denuncias por parte de los que la Fiscalía califica como afectados, por lo que pide que se haga justicia.

Así las cosas en las instancias de procuración e impartición de justicia en Nayarit, por lo que es necesario aclarar este embrollo y determinar si es competencia o no de la FGE lo relacionado con este caso y demostrar que no se trata de una persecución política de las autoridades estatales en contra de Pedro Antonio Enríquez Soto, ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, como sostiene la abogada del Despacho Molrod, pues sería lamentable que las instancias encargadas de procurar e impartir justicia actuaran por consigna, vieja práctica que definitivamente hay que desterrar.