CONFRONTACIÓN ESTÉRIL

Rafael Morales D.

Desafortunadamente, el titular del Poder Ejecutivo de Nayarit insiste en confrontarse con el Poder Judicial, al que temerariamente acusa de proteger a ex funcionarios corruptos “que saquearon al estado y destruyeron sin piedad sus instituciones”, acusación basada en las resoluciones de jueces nayaritas respecto a las denuncias presentadas en contra de algunos servidores públicos de los gobiernos de Ney González Sánchez (2005-2011) y de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).

Al respecto, el presidente del Poder Judicial de Nayarit, magistrado Pedro Enríquez Soto, precisó que en ninguno de los casos penales referidos por el Gobernador han terminado los correspondientes procesos ni se han dictado sentencias que impliquen exoneración alguna, lo que evidencia que los asesores jurídicos del mandatario estatal lo mal informan o de plano desconocen las normas y procedimientos aplicables en cada caso, sean del sistema tradicional o el acusatorio, lo que expone al Gobernador a hacer el ridículo, como el que realizó el viernes pasado al inaugurar la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), ante titulares del Poder Judicial de 28 entidades del país, que conocen ampliamente los procedimientos judiciales y todavía se han de estar pitorreando de las desafortunadas declaraciones del Ejecutivo estatal.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que las resoluciones de los jueces y los magistrados protejan a ex funcionarios públicos, éstas son recurribles ante la justicia federal, y hasta el momento en ninguno de dichos casos ésta se ha pronunciado para que se modifique lo dispuesto por jueces y magistrados nayaritas, lo que una vez más evidencia la ignorancia de los asesores jurídicos del Gobernador, quienes pudiendo acudir a los tribunales federales para inconformarse, no lo han hecho y sólo engañan al titular del Poder Ejecutivo estatal, cuyo propósito de garantizar una expedita y eficaz impartición de justicia es loable, pero para lograrlo requiere de asesores jurídicos con amplios conocimientos y probada experiencia, así como autoridades de procuración de justicia capaces de integrar correctamente las carpetas de investigación y consignarlas ante un juez debidamente fundadas y motivadas para evitar que sean desechadas.

Por lo demás, la Constitución Política del Estado de Nayarit, en su Artículo 22, establece que: “El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, por lo que ya es hora de que la división de poderes en Nayarit deje de ser letra muerta y se haga efectiva, esto significa que el Poder Ejecutivo debe de hacer a un lado sus intentos de someter a los otros dos poderes, para lograr la consolidación de la aún incipiente democracia y transitar a mejores condiciones de vida para los nayaritas, a través del fortalecimiento de las instituciones y con estricto apego a las leyes, pues a nadie conviene una confrontación entre los poderes del estado; por el contrario, se requiere coordinación interinstitucional para cumplir con las expectativas de la sociedad que ya está harta de confrontaciones estériles y exige solución a los múltiples problemas que imperan en el estado.

Si el éxito del Gobierno del Estado está en función del encarcelamiento de ex servidores públicos, lo menos que debe de hacer es instruir a la Fiscalía General del Estado para que realice un esfuerzo supremo para integrar bien las carpetas de investigación y consignarlas ante un juez debidamente fundadas y motivadas, y no culpar al Poder Judicial por la falta de capacidad de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía.