“AVIADORES”

Rafael Morales D.

Un “aviador” es una persona que cobra un sueldo en la nómina de una oficina de gobierno, pero que en realidad no trabaja en ella.

Respecto al tema, el día de ayer el secretario General de Gobierno, Aníbal Montenegro Ibarra, y el secretario de la Contraloría General del estado, Guillermo Lara Morán, convocaron a una conferencia de prensa, magistralmente dirigida por Arturo Guerrero, flamígero Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, para informar que se han detectado 160 “aviadores” que aterrizan cada quincena en las dependencias gubernamentales para cobrar su sueldo correspondiente al esfuerzo por su trabajo que, como todos sabemos, es de alto riesgo e implica la realización de maniobras con un alto grado de peligrosidad para mantenerse en las nóminas de las oficinas de gobierno y evadir a los controladores de vuelo, quienes se mueren de envidia por la pericia de los avezados pilotos para realizar complicadas piruetas en el cielo antes de aterrizar espectacularmente en las cajas de pago de varias dependencias estatales.

Además de la arremetida contra los “aviadores”, ambos funcionarios informaron que hay 876 plazas otorgadas de manera ilegal por la administración anterior, principalmente en las secretarías de Obras Públicas y Administración y Finanzas, por lo que se fincarán responsabilidades a los ex funcionarios que promovieron la basificación de trabajadores que no cumplían los requisitos establecidos en la normativa, respetando los derechos de los trabajadores que se encuentran en esta situación y las conquistas de los sindicatos con los que tiene una relación laboral el Gobierno del Estado.

Sin duda, son importantes las acciones emprendidas por el gobierno en contra de “aviadores” y basificados de manera ilegal, pues representan una onerosa carga para las finanzas e implican la posibilidad de reducir la estructura burocrática de la administración estatal, con el propósito de reorientar los recursos públicos para proporcionar mejores servicios y a la atención de las necesidades de la población, pues como lo señaló lapidariamente Aníbal Montenegro, “no podemos seguir convirtiendo al Gobierno del Estado en una gran bolsa de trabajo destinada solamente para atender las presiones y las necesidades de acomodo laboral de políticos y gobernantes en turno…”.

Ojalá que estos procesos iniciados por la Contraloría no sean una llamarada de petate y se hagan extensivos a los trabajadores comisionados en los sindicatos, que también son improductivos y constituyen una pesada carga para las finanzas estatales. Aunque habrá que ver la reacción de la lideresa del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, en torno a estas acciones, pues su relación con el gobierno estatal no se encuentra en su mejor momento, y seguramente se opondrá a cualquier medida que atente contra los privilegios de los trabajadores agremiados a este sindicato.

Asimismo, habrá que esperar las acciones gubernamentales para evitar “presiones y las necesidades de acomodo laboral de políticos y gobernantes” en la actual administración, pues mucha gente apoyó el proyecto político de Antonio Echevarría García precisamente para que “la Revolución les hiciera justicia”, a través de un empleo bien remunerado en la estructura gubernamental, particularmente en estos tiempos en los que tener un trabajo es un verdadero tesoro. Es deseable que prediquen con el ejemplo y que no solo las apliquen “en los bueyes de mi compadre”, léase al gobierno encabezado por Roberto Sandoval Castañeda.

 

 

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