AUDITORÍAS

Rafael Morales D.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2017 que ha iniciado la Auditoría Superior de Nayarit, además de los tres poderes del estado, organismos descentralizados y administraciones municipales, incluye nuevos criterios de selección, pues se realizarán auditorías en entes en los que nunca se han efectuado, como el Fondo de Pensiones y el DIF estatal, lo que por sí mismo constituye un paso importante, particularmente en el asunto del Fondo de Pensiones, pues se ha especulado mucho acerca de su malversación y es importante saber cuál es la situación real de los millonarios recursos destinados a este rubro.

Asimismo, se realizará una evaluación del desempeño institucional a través de 116 auditorías especiales a obras públicas, salud, los Servicios de Educación Pública del estado y los ayuntamientos de Compostela y Bahía de Banderas, lo que también es importante conocer.

Según el artículo 3, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, una auditoría es un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.

De acuerdo a la citada ley, en su fracción VI, una auditoría al desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora. Al respecto, será interesante conocer el desempeño de los Servicios de Educación Pública en el estado y de los Servicios de Salud de Nayarit, puesto que la opinión pública ha cuestionado severamente el mal uso de los recursos públicos en estas dependencias.

Por otra parte, una auditoría de obra pública es la fiscalización de la planeación, programación, presupuestación, contratación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles destinados a un servicio público o al uso común, así como los servicios relacionados con la obra pública, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra; los servicios relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas y la dirección o supervisión de la ejecución de las obras, otro asunto en el que la opinión pública espera los resultados, pues algunas obras han sido severamente cuestionadas, así como denunciadas las licitaciones amañadas para favorecer a algunos contratistas, tanto en el Gobierno del Estado, como en las administraciones municipales.

A su vez, una auditoría financiera es la fiscalización de los ingresos y egresos de los sujetos fiscalizables, que se realiza a efecto de comprobar su adecuada administración, manejo, custodia, aplicación, debida comprobación y justificación; comprende el análisis y examen de la información financiera, contable, patrimonial, programática y presupuestal, para determinar su apego a los principios básicos de contabilidad gubernamental y demás disposiciones legales aplicables. En este sentido, los resultados permitirán saber el destino final de los recursos públicos, ya que es común que, en el mejor de los casos, se desvíen a rubros distintos a los señalados específicamente, y en el peor, que desaparezcan sin dejar huella, lo que provoca obras inconclusas o que solo se proyectaron sin realizarlas.

Sin embargo, lo más relevante es que se auditarán la administración estatal y los gobiernos municipales, así como organismos autónomos y descentralizados, en lo correspondiente al primer trimestre del 2018, pues reformas recientes a la Ley en la materia permiten iniciar cualquier procedimiento en tiempo real en cualquier dependencia en el caso de denuncias específicas.

Ojalá que el trabajo iniciado por la Auditoría Superior de Nayarit responda a las expectativas de la población y arroje resultados que permitan conocer el destino de los recursos públicos, y si éstos fueron desviados o malversados que se emprendan las acciones correspondientes para castigar a los responsables y obligarlos a resarcir los daños, pues generalmente solo se les inhabilita para ejercer cargos públicos, lo que en nada les afecta, pues lo que robaron les ajusta y les sobra para vivir sin ningún problema. ¡Ladrones de cuello blanco, pues!

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